Desde 2008, cada15 de octubre celebramos el Día Internacional de la Mujer Rural para arrojar luz sobre su papel fundamental en el impulso del desarrollo sostenible, agrícola y rural. Como columna vertebral de muchos sectores económicos en las zonas rurales, son clave para lograr la seguridad alimentaria, mejorar los medios de subsistencia y forjar el futuro de las familias y las comunidades rurales.
A pesar de su contribución, muchas mujeres de las zonas rurales se enfrentan a importantes obstáculos, como un acceso limitado a la tierra y a otros recursos productivos, al crédito, a los servicios sanitarios, a la educación y a la protección social, por nombrar algunos. Además, muchas mujeres de las zonas rurales están atrapadas en trabajos poco cualificados, poco productivos y mal pagados, con malas condiciones laborales, incluida la exposición a la violencia y el acoso. También suelen carecer de voz y tienen dificultades para hacer valer sus derechos, y están infrarrepresentadas en las organizaciones de trabajadores y empresarios, así como en otras organizaciones rurales. Todas estas desventajas se sustentan en la desigualdad de género, la discriminación y las normas culturales y sociales. Las mujeres de las zonas rurales son también muy diversas, lo que exige una perspectiva interseccional, que combine el desglose por sexo, ubicación y otras características, a la hora de estudiar su situación.
Los sectores rurales, como la agroalimentación, la silvicultura, la acuicultura y el turismo, tienen un gran potencial para la creación de empleo y el desarrollo sostenible de las empresas, y constituyen una fuente clave de puestos de trabajo dignos para las mujeres. El potencial y los retos de la economía rural deben considerarse desde una perspectiva de género. Además, tendencias actuales como la urbanización, los cambios demográficos, el cambio climático y los avances tecnológicos están modificando la dinámica de género del trabajo en las economías rurales.
Para comprender los retos y los déficits de trabajo digno a los que se enfrentan las mujeres en las zonas rurales y fomentar su potencial de crecimiento y desarrollo, necesitamos buenos datos. Los conceptos y definiciones básicos utilizados históricamente en las estadísticas del trabajo conllevaban un sesgo inherente que tergiversaba (o incluso ocultaba) el trabajo realizado por las mujeres, especialmente en las zonas rurales. Para contrarrestar esto (entre otras razones), la19ª Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo (CIET) adoptó en 2013 un nuevo marco fundacional para las estadísticas del trabajo. Las siguientes CIET se basaron en esa base para actualizar y mejorar las normas estadísticas sobre las relaciones laborales (en 2018) y la informalidad (en 2023).
Estas nuevas normas estadísticas son especialmente relevantes para el trabajo de las mujeres en las zonas rurales, que ahora puede representarse y comprenderse con mayor precisión. Este mayor conocimiento servirá de base al diálogo social y ayudará a desarrollar políticas mejor orientadas para impulsar la capacitación económica de las mujeres y la igualdad de género en las zonas rurales.
Siga leyendo para descubrir cómo las nuevas normas pueden sacudir el statu quo, y lo que sabemos hasta ahora sobre la situación laboral de las mujeres en las zonas rurales.
Del 19 CIET: La brecha de género en la ocupación es mayor en las zonas rurales
Las normas dela 19ª CIET introdujeron una nueva definición de la ocupación, más restringida que la utilizada anteriormente (adoptada por la13ª CIET), y un marco de formas de trabajo compuesto por cinco formas distintas de trabajo (la ocupación, trabajo de producción de uso propio, trabajo en prácticas no remunerado, trabajo voluntario y otras actividades laborales). La antigua definición de la ocupación incluía algunos trabajos de producción para uso propio, como la agricultura de subsistencia, mezclando así en la misma categoría a personas en situaciones muy diferentes. La nueva definición de la ocupación abarca exclusivamente el trabajo remunerado (trabajo a cambio de una remuneración o un beneficio), mientras que el trabajo de producción de uso propio y otras formas de trabajo deben medirse por separado. La identificación por separado de las formas de trabajo remuneradas y no remuneradas permite una representación más precisa del mercado laboral y de la situación y las condiciones de trabajo de las personas. El impacto de la nueva definición más restringida de la ocupación dependerá del contexto: la exclusión de la producción para uso propio de la ocupación tiene un mayor impacto en países y contextos en los que la producción para uso propio es habitual. Esto significa que las nuevas normas son especialmente relevantes para las mujeres rurales de los países en desarrollo, ya que dan visibilidad a los patrones de género en cuanto a las formas de trabajo en las zonas rurales.
Utilizando las antiguas (13ª CIET) definiciones, a nivel mundial, la participación en la ocupación es mayor en las zonas rurales que en las urbanas. La proporción global de la población urbana en la ocupación(56,5%) es inferior a la de la población rural (58%). Este patrón geográfico está impulsado por los hombres: la relación la ocupación-población urbana masculina es del 66,8%, frente a una relación rural mucho más alta del 72,1%. Por el contrario, la participación de las mujeres en la ocupación es mayor en las zonas urbanas, con una proporción urbana femenina del 46,4%, frente a una proporción rural del 43,6%.
No obstante, hay que tener en cuenta las discrepancias regionales. África es la única región en la que la relación la ocupación-población femenina es mayor en las zonas rurales que en las urbanas, mientras que en el caso de los hombres esto ocurre en África, América y Asia y el Pacífico.
Aunque estas estimaciones (basadas en normas antiguas) proporcionan cierta información sobre los mercados de trabajo rurales y urbanos, no transmiten los conocimientos mejorados que se obtienen al analizar por separado el trabajo remunerado (la ocupación según la nueva definición) y el trabajo de producción de uso propio. Por ejemplo, excluir el trabajo de producción de uso propio de la ocupación tendría sin duda un gran impacto en la altísima la ocupación participación de las mujeres rurales en África citada anteriormente.
Resulta alentador que cada vez más países apliquen las normas de la19ª CIET y, con el tiempo, será posible disponer de estimaciones mundiales y regionales basadas en ellas.
Mientras tanto, podemos comprobar el impacto de las nuevas normas en la representación de los mercados de trabajo rurales en algunos países que las han aplicado. A partir de los datos disponibles sobre 18 países, observamos que la adopción de las nuevas normas no tuvo ninguna repercusión, o una repercusión mínima, en la relación la ocupación-población en todos los países de renta alta cubiertos, mientras que en el resto de países, la repercusión fue más significativa (a veces sustancial). La diferencia entre la menor ratio la ocupación-a-población basada en las nuevas normas y la mayor ratio la ocupación-a-población basada en las antiguas normas refleja la participación en actividades de producción de uso propio no remuneradas que antes se consideraban la ocupación. En 14 de estos 18 países, la relación la ocupación-población era mayor en las zonas rurales que en las urbanas según las normas anteriores, mientras que esto sigue siendo así en sólo 7 de ellos cuando se utilizan las nuevas normas, lo que pone de relieve la relevancia de las nuevas normas para las economías rurales. También observamos una diferencia notable al pasar de las normas antiguas a las nuevas en la ratio la ocupación-to-population para las mujeres de las zonas rurales. De hecho, el impacto del cambio de las normas es mayor para las mujeres de las zonas rurales que para el total de la economía en 12 de estos 18 países, siendo las excepciones principalmente los países de renta alta, donde no hubo impacto ni para las mujeres rurales ni para el total de la economía.
Muchas mujeres de las zonas rurales desempeñan un papel fundamental como agricultoras y productoras de subsistencia. Según las nuevas normas, estas actividades no se consideran la ocupación sino que se miden por separado. Las personas que se dedican a la agricultura de subsistencia se considerarán empleadas si también tienen un trabajo remunerado. De hecho, con las nuevas normas, podemos destacar el desempeño simultáneo de múltiples tipos de trabajo, especialmente relevante para comprender las brechas de género y la carga de trabajo total de las mujeres en múltiples formas de trabajo remunerado y no remunerado, sobre todo en la agricultura y las zonas rurales.
Desde el 20 CIET: Desvelando los riesgos económicos a los que se enfrentan las mujeres rurales
Dado que muchos mercados de trabajo rurales están experimentando cambios transformadores, es importante comprender cómo evolucionan las relaciones la ocupación y evaluar los respectivos patrones de género. La clasificación de los empleos por estatus en la ocupación permite conocer el tipo de riesgo económico al que se enfrentan los trabajadores en su actividad (por ejemplo, seguridad en el empleo, estabilidad salarial) y la autoridad que tienen sobre otros trabajadores o establecimientos (por ejemplo, trabajadores dependientes o independientes). Es, por tanto, un indicador clave de la calidad del empleo.
En 2018, la20ª CIET actualizó la Clasificación Internacional de la Situación en el Empleo (CISO-93) para reflejar mejor los cambios en las relaciones laborales y la difusa frontera entre el trabajo remunerado la ocupación y el trabajo por cuenta propiala ocupación. Para ello, adoptó la CISO-18, que proporciona una imagen más detallada de las diferentes relaciones laborales y la flexibilidad para organizar el estatus en categorías la ocupación por dos dimensiones, a saber: el tipo de autoridad que tiene el trabajador sobre la organización del trabajo y la unidad económica, y el tipo de riesgo económico al que está expuesto un trabajador. También se introdujo la clasificación CISeT-18 para permitir la clasificación por estatus de actividades distintas de la ocupación. Una vez más, estas dos nuevas clasificaciones son especialmente útiles para describir mejor los matices del trabajo de las mujeres en las economías rurales.
Según la antigua clasificación (CISO-93), a nivel mundial, el 67% de las mujeres empleadas eran asalariadas en zonas urbanas, frente al 34% en zonas rurales. Trabajar por cuenta ajena suele asociarse a una mayor seguridad y a un menor riesgo económico. Aunque los porcentajes de empleados en las zonas rurales son similares para hombres y mujeres, estas cifras podrían ocultar patrones regionales diversos. Existe una distinción de género en el estatus más prevalente entre los trabajadores por cuenta propia en las zonas rurales. Mientras que el 38% de las mujeres empleadas en zonas rurales son trabajadoras por cuenta propia y el 27% son trabajadoras familiares auxiliares, el 51% de los hombres empleados son trabajadores por cuenta propia y el 9% son trabajadores familiares auxiliares. Estos patrones exigen que se preste atención a las trabajadoras familiares auxiliares en las zonas rurales para reforzar su acceso a oportunidades de generación de ingresos asociadas a condiciones de trabajo decentes. El CISO-18 capta mejor si participan en la toma de decisiones esenciales relacionadas con la explotación o la empresa familiar rural, lo que es relevante para el diseño de políticas. A medida que más países lo apliquen, los detalles sobre el tipo de autoridad y los riesgos económicos a los que se enfrentan las trabajadoras rurales ayudarán a desarrollar intervenciones mejor orientadas, especialmente para las mujeres en situación de vulnerabilidad.
Desde el 21 CIET: La prevalencia de la informalidad entre las mujeres rurales requiere atención
La informalidad, que puede exponer a los trabajadores a un mayor riesgo de vulnerabilidad y a condiciones de trabajo inadecuadas, está especialmente extendida en las zonas rurales. De hecho, en alrededor del 91% de los 117 países sobre los que se dispone de datos, la tasa de informalidad es más elevada en las zonas rurales que en las urbanas, tanto para las mujeres como para los hombres. Además, en el 70% de estos países, la tasa de informalidad es más alta para las mujeres que para los hombres, aunque la diferencia media es bastante pequeña. La naturaleza de la informalidad es tan importante como su prevalencia: en el caso de las mujeres, la naturaleza informal de sus empleos suele estar asociada a su condición de trabajadoras familiares auxiliares, mientras que en el caso de los hombres son normalmente las características de sus empleos por cuenta propia o ajena las que determinan su informalidad. Las mujeres rurales que trabajan en el sector informal la ocupación no tienen derecho a la protección social, y pueden estar expuestas a condiciones de trabajo deficientes o peligrosas, a una remuneración y productividad bajas, y a la falta de organización, voz y representación en la toma de decisiones.
En 2023, la21ª CIET adoptó una resolución que actualizaba y mejoraba las normas de medición de la economía informal, para reflejar los últimos avances en el mundo laboral y alinearlas con las normas de la 19ª y la 20ª CIET . Las normas de la21ª CIET reconocen que existe informalidad en todos los países, tanto en el sector formal como en el informal, así como en los hogares, independientemente de su nivel de renta y desarrollo. Proporcionan definiciones operativas del sector formal, el sector informal y el sector comunitario y de uso propio de los hogares, basadas en el estatus formal de la unidad económica y el destino previsto de la producción. Además, introducen el concepto de "actividades productivas informales", que incluye todas las actividades productivas realizadas por personas o unidades económicas que no están cubiertas por acuerdos formales, reconociendo que las actividades productivas pueden ser "parcialmente" informales. Anteriormente, se aceptaba excluir la agricultura de las mediciones de la informalidad, principalmente debido a las dificultades que planteaba la recopilación de datos. Sin embargo, las nuevas normas aportan soluciones para superar dichos retos con el fin de incluir la agricultura en la medición, garantizando así el reconocimiento y la visibilidad de la informalidad en todas las actividades económicas. Este cambio es especialmente relevante en las zonas rurales. Desde una perspectiva de género, el marco exige un desglose sistemático de los indicadores por sexo, así como la producción de indicadores específicos relevantes para el género, como la brecha salarial entre hombres y mujeres y el tiempo dedicado al trabajo doméstico no remunerado y trabajo de cuidado. Estas nuevas normas permitirán formular estrategias más eficaces de apoyo a la transición a la formalidad de las mujeres en las zonas rurales.
Otros retos y camino a seguir
Las mujeres rurales se enfrentan a muchas desventajas, y las nuevas normas estadísticas son un gran paso para abordarlas, haciéndolas visibles para analistas y responsables políticos. Todas estas mejoras en las estadísticas del trabajo rural ayudarán a revelar sus múltiples funciones y su impacto real en las economías rurales. Esta comprensión es vital para mejorar las condiciones de trabajo y de vida de las mujeres y aprovechar el potencial de trabajo decente en las zonas rurales. Con mejores estadísticas, podemos garantizar el reconocimiento de sus contribuciones y promover políticas más eficaces para avanzar hacia la igualdad de género y el empoderamiento económico de las mujeres.
Autores
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Rosina Gammarano
Rosina es Estadística Laboral Senior en la Unidad de Normas y Métodos Estadísticos del Departamento de Estadística de la OIT. Apasionada por abordar la desigualdad y las cuestiones de género y por utilizar los datos para arrojar luz sobre los déficits de trabajo decente, es autora recurrente del Blog de ILOSTAT y del Spotlight on Work Statistics. Tiene experiencia previa en la Unidad de Producción y Análisis de Datos del Departamento de Estadística de la OIT y en el equipo del Coordinador Residente de las Naciones Unidas en México.
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Elisenda Estruch Puertas
Elisenda es economista y trabaja como especialista en economía rural y sectores afines en el Departamento de Políticas Sectoriales de la OIT. Tiene experiencia previa en investigación y como economista laboral en la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Posee un doctorado europeo en Socioeconomía y Estadística, así como una licenciatura en Economía y un máster en Economía Europea.
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